Desde el mes de abril del año 2009 en que se inicia la instrucción del procedimiento sobre la venta de los terrenos de Mercasevilla, la juez de instrucción número 6, que lleva el caso, no había realizado ninguna actuación que afectara al candidato a la Alcaldía de Sevilla por Izquierda Unida, Antonio Rodrigo Torrijos.
Sorprendentemente, es el 7 de abril de 2011, dos años después y pocos días antes del inicio de la campaña electoral, cuando por una filtración a la prensa, conocemos la supuesta imputación de nuestro candidato por una denuncia de un grupo de empresarios de la Asociación de Mayoristas de Frutas y Verduras de Sevilla.
Antonio Rodrigo Torrijos defendió, en la venta de los terrenos de la empresa municipal Mercasevilla, los criterios políticos de Izquierda Unida: venta mediante el procedimiento del concurso público y no la subasta al mejor postor para evitar un pelotazo urbanístico y un proceso especulativo que dispararía el precio del suelo y el de las viviendas que posteriormente se iban a construir. Esta posición fue votada por todos los partidos políticos representados en el Consejo de Administración de Mercasevilla: PP, PSOE y PA, además de Izquierda Unida.
Pero parece que estos hechos anómalos no eran suficientes. En el colmo de intentar subvertir, a través de una injerencia inasumible el proceso democrático, se ha conocido por los medios de comunicación en la tarde de hoy, jueves 19 de mayo, la citación a declarar de nuestro candidato, Antonio Rodrigo Torrijos, en el caso que, presuntamente, le instruye la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6.
No fue suficiente un anuncio de imputación del que todavía, desde que se conoció por el mismo procedimiento el pasado 7 de abril, no tiene la documentación ni el auto. No fue suficiente la indefensión ante el linchamiento público que, sin ningún documento que lo avalase, ha venido sufriendo por dicha anunciada y no conocida imputación. No fue suficiente la intromisión en la política de filtraciones interesadas de piezas judiciales sueltas para condicionar la presentación del Código Ético de Izquierda Unida.
No fue suficiente que se anunciara una imputación únicamente contra el representante de Izquierda Unida en una decisión en la que participaron todos los demás partidos, exactamente con la misma votación. No fue suficiente con que nuestro candidato, entonces miembro del Consejo de Administración de Mercasevilla, ni participara en la redacción de los pliegos de condiciones ni en la mesa de contratación sobre la adjudicación de terrenos a una empresa por un método –el concurso- absolutamente legal y legítimo.
A pesar de que la letrada de Antonio Rodrigo Torrijos no ha recibido citación alguna, los medios ya han publicado citaciones judiciales de las que no tenemos ningún conocimiento. El Juzgado de Instrucción número 6 que instruye este asunto ha vuelto a entrometerse en el más alto y soberano proceso que tiene el sistema democrático, cual es el momento electoral. Es intolerable e inasumible que a un día de la jornada de reflexión se anuncie algo que será para el 8 de junio, presuntamente, sin más excusa que la de tratar de restar votos a Izquierda Unida.
No podemos dejar de señalar, en la misma línea de reflexión, que la titular del juzgado de instrucción número 6 ha estado sujeta a las directrices, como juez decano de los de Sevilla, del candidato del PP a la alcaldía de esta ciudad, señor Zoido.
En el Consejo Local de Izquierda Unida de Sevilla estamos completamente escandalizados y nos preguntamos cuando se dirá basta a la deriva de despropósitos de esta juez que intenta poner en jaque un proceso democrático municipal.
No es justo ni es legítimo y es profundamente inmoral que los grandes poderes reales que no concurren a las elecciones –financieros, especulativos, sectores mediáticos y, ahora, algún sector judicial- sean capaces de hacer a favor de su candidato que no es capaz de ganarse al pueblo por sí mismo sin las malas artes de unas alianzas poderosas y marrulleras.
Es hora de la rebeldía como suena en las plazas de las ciudades. Es hora de rasgarse las vestiduras y proclamar la injusticia que se está haciendo con un candidato de una fuerza política que es la única que se ha demostrado capaz de parar a la derecha y por eso mismo es víctima de trampas, conspiraciones, imputaciones desconocidas y sin fundamento, acusaciones, injurias y ataques a su honor, tan solo por el hecho de hacer frente, en nombre de Izquierda Unida y de la mayoría social sevillana, a una minoría poderosa que cuenta con la complicidad de esos otros grupos, no democráticos, que tratan de competir electoralmente desde fuera.
Basta ya. Es difícil así participar en igualdad de condiciones en un proceso electoral. Pero aún así, Izquierda Unida va a continuar luchando contra las desigualdades porque no nos va a parar ni una juez que parece deber algo, ni especuladores que intentan acabar con Izquierda Unida.
Por eso llamamos a la movilización de las conciencias críticas y a que no acepten que se vulnere y se subvierta tan impunemente el sistema democrático, precisamente en la víspera del día de reflexión soltando una noticia que busca condicionar el voto de mucha gente de la mayoría social a la que se intenta confundir e instrumentalizar hasta el día de la jornada electoral.
La Juez del número 6 ha cruzado un rubicón que demostraría su falta de neutralidad y sus aparentes dependencias a poderes ajenos a la justicia democrática. Por ello, este Consejo Local de Izquierda Unida de Sevilla ha acordado dirigirse al Coordinador General de Izquierda Unida, Cayo Lara, para que de forma inmediata solicite la intervención del Consejo General de Poder Judicial y pare la intromisión de esta jueza en el proceso electoral democrático sevillano.
Sevilla, 19 de mayo de 2011
