El nuevo dogal municipal
Carlos Mármol | 2 de septiembre de 2012 a las 6:05
La reforma legislativa que prepara el PP para reducir la capacidad política de los ayuntamientos siembra el terreno para la privatización y disolución de casi todas las empresas municipales antes de agosto de 2015.La fábula es uno de los géneros literarios más eficaces que existen para contar una historia. Desde los reinos de Mesopotamia a los imperios clásicos (Grecia y Roma), pasando por sus reformulaciones medievales, estos cuentos permiten contemplar todo el bosque en lugar de dejarnos mirando el árbol. Ayudan a entender lo complejo de forma sencilla. En Sevilla empezamos a vislumbrar una de ellas. Con el inevitable correr del tiempo terminará haciéndose realidad.
El motivo, a priori, parece baladí. Es natural: los grandes secretos salen a la luz gracias a una leve fisura. Los socialistas han vuelto del verano con ganas de marcar el nuevo curso político municipal. Su portavoz, Juan Espadas, ha denunciado que el gobierno de Zoido piensa desmantelar la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa). Sus palabras sentaron muy mal en el PP y provocaron una reacción inmediata. El gobierno niega que Emvisesa vaya a disolverse con el argumento habitual: “si esta empresa está en la ruina es porque PSOE e IU [coalición que no existe desde hace más de un año] acometió a su cargo la construcción del nuevo Fibes”.
Contradicciones. Hasta aquí todo normal. Es lo de todas las semanas. La oposición critica a Zoido y el gobierno se defiende haciendo de oposición a la oposición. Un bucle perpetuo. Sin embargo, la extraordinaria intensidad de la respuesta municipal da que pensar. ¿Por qué tanta virulencia con una mayoría absoluta de 20 concejales y un horizonte de casi tres años?
Sin entrar en demasiadas honduras, su posición incurre en algunas contradicciones. Cito sólo dos. Primero, una de ámbito escénico: ¿si la construcción de Fibes es para el PP una operación ruinosa por qué el alcalde se fotografió frente a este edificio durante una de sus poses estivales? La segunda es de sentido común: ¿no es natural que exista incertidumbre sobre el porvenir de las empresas y organismos municipales si el equipo de gobierno ya ha disuelto Sevilla Global y tiene a Emvisesa sin actividad cierta?
La directriz de la Plaza Nueva ante este tipo de noticias es negarlas categóricamente. Según su versión, no habrá privatizaciones, ni despidos de empleados públicos, ni desmantelamiento de las empresas municipales. Todo responde, a su juicio, a la necesidad del líder de la oposición de llamar la atención. Ya veremos si toda esta galería de negativas sucesivas es incierta.
Los hechos son los que son: Emvisesa tiene 15.000 demandantes de vivienda social y hace ya casi un año derogó el Plan de VPO existente sin plantear ninguna alternativa. El PP argumenta que está buscando suelo para construir estos pisos –prometió hacer 1.000 al año– y alega que el anterior programa residencial del Ayuntamiento sólo era “virtual”.
No tiene que ir muy lejos para buscar los terrenos: todos están delimitados en el Plan General. Su problema no es el suelo, sino encontrar inversores privados que urbanicen y construyan. El PP se haría un favor a sí mismo si contase sencillamente esto en lugar de inventarse la ficción de que no hay suelo disponible. ¿Por qué no lo hace? ¿Acaso porque, incluso con el suelo urbanizado, estos pisos ya no tendrán una línea de ayudas estatales –las cortó Zapatero y Rajoy no las va a recuperar– y buena parte de la demanda potencial para comprarlos es insolvente? Misterio.
La reforma que viene. La cuestión de fondo, sin embargo, va mucho más allá del caso puntual de Emvisesa. Se trata del programa global que prepara el PP para reformar el Ayuntamiento de Sevilla. Está cocinándose desde hace más de un año. Contempla la posibilidad de privatizar buena parte de los servicios públicos y disolver muchos entes municipales.
El proyecto no responde a una elucubración de la oposición, sino al análisis objetivo de la reforma legislativa que prepara el Gobierno central para reducir la capacidad política local. Un revolución sin precedentes en la arquitectura municipal española que prácticamente dejará sin autonomía a los consistorios. Un proyecto al que no es ajeno el alcalde. Ha sido hasta hace apenas unos pocos meses presidente de la FEMP
Si hacemos una lectura en clave sevillana de este proyecto legislativo las consecuencias son que Zoido tendrá que acometer antes del año 2015 una profundísima remodelación del consistorio hispalense que incluye privatizaciones, la disolución de muchas empresas y organismos autónomos e, inevitablemente, despidos. Ninguna empresa municipal es ahora solvente. Emasesa, la joya de la corona, dejó de serlo ya durante la etapa en que fue dirigida por Manuel Marchena, el gran valido de Monteseirín.
El modelo municipal del PP implica pues la desaparición de las actuales competencias locales en materia de medioambiente, sanidad, educación, mujer, vivienda y cultura que ahora ejercen los ayuntamientos. En Sevilla estos cambios afectarían de lleno a Emvisesa, al servicio de mantenimiento de los colegios públicos, a buena parte de la asistencia social y a organismos como el ICAS, el brazo ejecutor de toda la política cultural.
También a Tussam, Lipasam, Mercasevilla y la empresa pública de aguas. Cuando se apruebe esta nueva norma legal, el Ayuntamiento sólo podrá seguir gestionándolas directamente si alcanzan el equilibrio financiero –algo imposible sin reducir personal– o si, aplicando el principio de intervención subsidiaria, no resultasen interesantes para la iniciativa privada. Dicho de otra forma: todo es potencialmente privatizable salvo aquello que no genere beneficios.
No se trata de una mera expresión de intenciones. Hay un calendario cerrado. A partir de la aprobación de la ley se fija un plazo de apenas un año –31 de diciembre de 2013– para aprobar un plan de saneamiento en cada empresa y organismo municipal. Para superarlo hay que despedir o incrementar exponencialmente los ingresos ordinarios.
Si el déficit no ha sido eliminado el 31 de diciembre de 2014 –dentro de dos años–, estas entidades públicas entrarán en situación legal de disolución forzosa. Desaparecerán. Los ayuntamientos no pueden elegir: si los alcaldes no lo hacen la ley impone una disolución “automática” con la fecha límite del “1 de agosto de 2015”.
Salta a la vista que este plan de ajuste municipal va a generar mucha conflictividad social y un alto grado de deterioro político. Con razón decía Aristóteles que la fábula es una de las seis partes de la tragedia. El cierre del círculo es completo porque la norma estatal también impedirá a los ayuntamientos vender parte de su patrimonio para salvar a el balance de las empresas e impedir que sean disueltas de oficio dentro de tres años. No se ha dejado nada al azar. Los sindicatos municipales son los únicos que van a tener trabajo.
El Ayuntamiento de Sevilla pasará así de ser una de las administraciones con más actividad –debido a su cercanía a los ciudadanos– a un mero coordinador de servicios. Los alcaldes se limitarán al protocolo. Algunos dirán que esta fábula no es cierta. El Ayuntamiento igual hasta se atreve a hacer un mentís que mentirá.
No importa. El tiempo nunca tropieza. Sólo hay que esperar al consejo de ministros de cualquier viernes. No es raro que algunos crean que Zoido no va a presentarse a la reelección a la Alcaldía. Ganar después de esta reforma sería un milagro
